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25 agosto 2019, 10:50
La laicidad, nuestra asignatura pendiente. Revista Éxodo, nº 142, febrero 2018 (Audiolibro Voz Humana)
https://i.postimg.cc/s22KPvmM/105-Para-leer-Exodo.jpg
Observando detenidamente la relación del Estado español con la religión (todas las iglesias y especialmente la católica) es difícil evitar la perplejidad.
De una parte, la Constitución del 78 parece abogar globalmente por una la separación de las esferas civil y religiosa. Y, en esta dirección, el Tribunal Constitucional, que tradicionalmente ha definido el Estado español como “aconfesional”, en su sentencia 46/2001 del 15 de febrero, declara que el art.16.3 introduce constitucionalmente una idea de “aconfesionalidad o laicidad positiva”. Dejando aparte de momento la calificación que se hace de la laicidad, deberíamos concluir que, jurídicamente hablando, el Estado español es laico. Lo que armoniza bien con los últimos datos que nos proporciona la sociología sobre el comportamiento religioso de la sociedad española que, en pocos años, se ha puesto a la cabeza de la secularización en Europa.
Pero, por otra parte, no podemos cerrar los ojos ante lo que estamos viendo y los medios alternativos están denunciado a diario: que el Estado español está subvencionando a la Iglesia católica y a las otras religiones e iglesias de “notorio arraigo”, que el Estado mantiene que subvenciona económicamente la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, que introduce la religión en los actos civiles institucionales, que mantiene y no reacciona en contra de la inmatriculación religiosa de inmuebles públicos, etc.
La mayoría de los movimientos sociales y de los partidos políticos de izquierda (cuando están en la oposición parlamentaria) apuestan por la derogación de la base jurídica de estas prácticas “confesionales”: los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede del 79. Pero es más llamativo y provocativo que la denuncia arranque también desde Redes Cristianas y otras instituciones que nunca han renunciado a su pertenencia a la Iglesia católica.
zip (156.18 MB)
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Observando detenidamente la relación del Estado español con la religión (todas las iglesias y especialmente la católica) es difícil evitar la perplejidad.
De una parte, la Constitución del 78 parece abogar globalmente por una la separación de las esferas civil y religiosa. Y, en esta dirección, el Tribunal Constitucional, que tradicionalmente ha definido el Estado español como “aconfesional”, en su sentencia 46/2001 del 15 de febrero, declara que el art.16.3 introduce constitucionalmente una idea de “aconfesionalidad o laicidad positiva”. Dejando aparte de momento la calificación que se hace de la laicidad, deberíamos concluir que, jurídicamente hablando, el Estado español es laico. Lo que armoniza bien con los últimos datos que nos proporciona la sociología sobre el comportamiento religioso de la sociedad española que, en pocos años, se ha puesto a la cabeza de la secularización en Europa.
Pero, por otra parte, no podemos cerrar los ojos ante lo que estamos viendo y los medios alternativos están denunciado a diario: que el Estado español está subvencionando a la Iglesia católica y a las otras religiones e iglesias de “notorio arraigo”, que el Estado mantiene que subvenciona económicamente la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, que introduce la religión en los actos civiles institucionales, que mantiene y no reacciona en contra de la inmatriculación religiosa de inmuebles públicos, etc.
La mayoría de los movimientos sociales y de los partidos políticos de izquierda (cuando están en la oposición parlamentaria) apuestan por la derogación de la base jurídica de estas prácticas “confesionales”: los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede del 79. Pero es más llamativo y provocativo que la denuncia arranque también desde Redes Cristianas y otras instituciones que nunca han renunciado a su pertenencia a la Iglesia católica.
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