La ley Sinde llega a su último trámite
Los intentos para que la ley Sinde sea aprobada en noviembre, y salgan reforzados los intereses empresariales han abonado el campo de la movilización de quienes apuestan por una red libre y neutral.
La lucha por una red libre ha vuelto a escena. Los operadores de telecomunicaciones (Movistar, Vodafone, Orange, ONO...) agrupados en Redtel hacían saber a mediados de octubre que el método que propone la Ley de Economía Sostenible (LES, más conocida como ley Sinde cuando se habla de internet) para cerrar páginas web no les vale. La herramienta ad hoc diseñada por la ley Sinde para evitar el paso por el juzgado no es otra que una Comisión Administrativa de Propiedad Intelectual que evaluará la idoneidad o no del cierre de una web de enlaces o de descarga. La Audiencia Nacional será la encargada de ejecutar un proceso judicial ‘ultrarrápido’ en la vía contencioso-administrativa mediante el cual se podrá decretar su cierre en unos días.
La presunta ilegalidad de una web no será concretamente dirimida por un juez, sino por una comisión formada por “expertos en materia de propiedad intelectual”. Todo hace indicar que esta comisión será más beligerante que los órganos judiciales ante las demandas contra el p2p.
En este sentido, y en clave de trampa procedimental, la industria de gestión ha decidido guardar la batería de denuncias para cuando sea esta comisión, el órgano de decisión, la que discrimine y decida sobre el futuro de la web.
La tregua esconde, además, una derrota legal de la patronal de gestión: aquellas webs que han sido denunciadas en los últimos meses y exoneradas judicialmente no podrán ser de nuevo demandadas.
En lo concreto están en liza la posibilidad o no de compartir datos y la libertad de expresión como derechos fundamentales en la red. A un lado, actores y grupos de presión de la industria privativa; al otro, colectivos por una internet libre. Y en el centro, el poder legislativo del Estado.
Menos denuncias contra webs
En este plano legal, la situación es más que paradójica. En los últimos meses han descendido los procedimientos legales contra páginas de enlaces de descarga. La razón: hasta ahora los juzgados no han sido favorables al cierre de webs. Incluso algunas de estas sentencias han ordenado reabrir páginas de enlaces a p2p y multado a la SGAE por mala fe en su solicitud de cierre.
Con todo, la industria del copyright no ha dudado en afirmar públicamente la vigencia de sus planteamientos legales para atacar a las páginas de enlaces. El presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Aldo Olcese, señalaba a primeros de noviembre, durante la presentación del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, que el valor de los contenidos pirateados asciende a 5.121 millones en 2010 .
Ante las amenazas de la industria, surgen planteamientos alternativos. Por ejemplo, el abogado David Bravo propone recuperar una disposición legal de hace 800 años, conocida como “acción de jactancia”, para que sean las propias webs de descarga las que abran procesos legales contra la industria de gestión que públicamente las amenaza, pero que se inhibe de denunciarlos por saber que sus afirmaciones están legalmente más que en entredicho.
Esta apertura de procedimiento de denuncia estaría fundamentada en que la ‘acción de jactancia’ es “aquella que puede interponerse contra aquél que presume de tener un derecho contra ti pero que, paradójicamente, no promueve ninguna acción legal para reivindicarlo”, como indica el propio Bravo en su blog. “Esta vía sirve para obligar a quien dice poder reclamarte un determinado derecho a que lo ejerza de una vez o a que, en caso contrario, calle para siempre”. Un órdago que se asienta en una norma de la época de Alfonso X, todavía vigente según una sentencia del Tribunal Supremo de 1988.
¿Se aprobará la ley Sinde?
La Ley Sinde está inserta dentro del paquete de medidas aprobado provisionalmente en Consejo de Ministros el 19 de marzo de 2010, como proyecto de ley. Desde septiembre está en el Congreso pero el ejecutivo no ha conseguido sacarla adelante. A pesar de sus esfuerzos por acelerar su tramitación,, la mayoría de grupos políticos ha respondido con enmiendas a la totalidad.
El debate final sobre esta parte de la LES se prevé para finales de noviembre. Pero es en la Comisión de Economía y Hacienda donde ha comenzado la discusión entre bastidores.
Por ello, grupos como Hacktivistas ya preparan nuevas acciones directas para tratar de presionar a los parlamentarios.
Este lunes 8 de noviembre, hacktivistas lanzó una campaña telemática de mailing masivo con la intención de presionar a los parlamentarios bajó la premisa “Recuérdales que tu voto cuenta, ayudales a decir NO a la ley Sinde”.
Colectivos y redes como EXGAE, Red Sostenible, la Asociación de Internautas, NaciónRed, Partido Pirata, Libertad 2.0o iniciativas y manifiestos como Internet tiene Memoria, En defensa de los derechos fundamentales en internet o la Carta por la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, intentan demostrar que la creatividad de las luchas y las movilizaciones –virtuales o materiales– contra el control de la red sigue avanzando.
No sólo los movimientos del Gobierno son objeto de sus críticas, también lo son la propuesta del PP de una nueva Ley de Propiedad Intelectual o las continuas presiones de la industria– las últimas en llegar han sido las del sector editorial–. Según los grandes editores, han perdido unos 400 millones entre enero y junio de 2010 por los ebooks compartidos por internet.
Pero, a pesar de las ocultas negociaciones sobre el ACTA, desde Europa llegan noticias y voces que cuestionan los planteamientos de Gobierno e Industria. Hace unas semanas, un tribunal europeo frenaba el canon digital, y días después la comisaria europea de Competencia y responsable de la Agenda Digital, la liberal Neelie Kroes, declaraba: “A cada paso me acordaré de los ciudadanos y de los artistas”, excluyendo a los intermediarios. “Los derechos de autor son hoy muros de Berlín” concluyó.
Fuente: Diagonal
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