El Pacto del Euro entra a empujones

El pacto destinado a salvar la moneda común, plantea diversas directivas encaminadas a aumentar la competitividad y reducir el déficit de los Estados a costa del peso de las rentas del trabajo.

La incorporación de España a la Unión Europea se concretó con la firma del Tratado de Maastricht en febrero de 1992. El escritor Manuel Vázquez Montalbán, en una columna titulada "Sin empujar", resumía entonces la percepción de que ese proceso se iba a llevar por delante cualquier consideración social: “Ya sé que vamos para miserables y desasistidos, pero sin empujar”, pedía Montalbán.

Diecinueve años después, el Pacto del Euro Plus es la constatación de que siguen los empujones para entrar en la senda de Maastricht. Se trata de propuestas de reformas sociales, políticas y económicas que, en algunos de sus puntos, ya han sido implementadas por los Gobiernos europeos.

El principal objetivo del Pacto del Euro fue establecido en las conclusiones de la reunión del 24 y 25 de marzo de 2011 del Consejo Europeo; “aumentar la competitividad” y reforzar “nuestra economía social de mercado” son las dos funciones básicas de un acuerdo que será refrendado el 27 de junio por los países de la zona euro más Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, que han decidido sumarse a este marco destinado a “salvar el euro”.

Para José Luis Carretero, profesor de derecho del trabajo, este acuerdo es un aviso de que “el que se mueva no sale en la foto”, o, lo que es lo mismo, el pacto está encaminado a homogeneizar las condiciones de Vida en los Estados de la zona euro y buscar una salida a la crisis a través de “la competitividad”.

“Aumentar la competitividad significa mejorar la capacidad que tiene una economía para exportar sus productos a los mercados mundiales en condiciones más ventajosas que las del resto de economías”, resume el economista Nacho Álvarez. En esa “configuración de las condiciones más ventajosas” se incluyen distintos factores, como la investigación, el desarrollo y la ‘eficiencia’, pero el papel fundamental lo determinan los costes laborales: “La llamada competitividad está íntimamente ligada a productividad del empleo, y por tanto, al salario”, explica Jorge Halpern, de la red Democracia Real Ya.

No obstante, el Pacto del Euro Plus, no habla a las claras de una rebaja de los salarios, sino que, con un estilo marca de la casa (común europea), el texto hace brindis en esa dirección. Álvarez cree que la reducción de los costes salariales no va a traducirse en una Mejora simultánea de la competitividad de todos ellos, habida cuenta de que el 70% del comercio de los países de la UE es entre los países miembros.

El Consejo Europeo también pide medidas que garanticen que “la fijación de salarios en el sector público contribuya a los esfuerzos de competitividad en el sector privado”. Carretero señala que esta rebaja de salarios en el empleo público tiene un doble objetivo: por una parte, “el hecho de que la función pública sea un ejemplo de que se pueden obtener unas condiciones mínimamente dignas de trabajo es algo que tiene que ser derribado en este momento”, además, este empobrecimiento busca abrir más espacios para la colonización por el mercado de espacios de reproducción social, como la sanidad y la educación públicas, de forma que afecta a lo que se conoce como salario indirecto.

Amaya, una participante en la comisión de Feminismos del movimiento 15M, apunta que esta clase de medidas convierte a los hogares en la institución económica básica en la que se resuelve la crisis, el último colchón para amortiguar la caída de salarios y la depauperización de los servicios públicos, que “deberían socializar la carga de cuidados”.

La senda del ajuste continuo

Además, el texto del Pacto del Euro Plus anuncia que seguirán los test de resistencia a los bancos e informa de que este otoño se presentará un informe sobre la fiscalidad del sector financiero. El texto del Consejo Europeo concreta más en cuanto a los objetivos de reducción del déficit y empuja a los Estados europeos a que introduzcan esos objetivos en sus normativas, incluidas las distintas Constituciones nacionales.

También prescribe el aumento de la edad de jubilación, que el Gobierno español desarrolló en el marco del acuerdo global firmado con sindicatos (CC OO y UGT) y patronal; y la promoción de la flexiseguridad, que afecta a las condiciones de entrada, permanencia y salida del puesto de trabajo, para lo que el Consejo Europeo recomienda una revisión de los niveles de centralización de los procesos de negociación, algo que ya se recoge en el Decreto sobre Negociación Colectiva aprobado el 10 de junio en el Consejo de Ministros. ¿Servirán estas medidas para paliar la crisis? “Evidentemente, no”, apunta Jorge Halpern, que cree que es el momento de decidir si se sigue “la senda de ajustes, pactos sociales y medidas que empobrecen a la población” o se sigue interviniendo democráticamente para detener este proceso.

Cómo medir la productividad

La propuesta de ligar los salarios a la productividad, en lugar de a la inflación como ocurre hasta ahora, aparece entre los objetivos del Pacto del Euro. El profesor de derecho del trabajo José Luis Carretero apunta que, el incentivo de la productividad es intangible, especialmente en pequeñas y medianas empresas, “entran aspectos como quién es más dócil, quién se porta mejor, quién se queda una hora más sin pedir que se la paguen, etc.”, apunta Carretero, quien, no obstante, matiza que el texto del Pacto del Euro “no suelta prenda” en cuanto a qué herramientas van a utilizarse para medir la productividad.

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